Hasta mayo de 2002, Jorge del Castillo Gálvez se negaba a devolver la oficina que le había entregado fraudulentamente Vladimiro Montesinos Torres. En la carta anterior, APSIC invita a Castillo Gálvez a la audiencia de conciliación en el procedimiento de desalojo seguido por la Caja de Pensiones Militar-Policial.
1. El 2 de diciembre de 1996, el congresista Jorge del Castillo Gálvez negoció con Javier Revilla Palomino, director-gerente general de la Caja de Pensiones Militar-Policial, la adquisición de la oficina 617 del edificio de propiedad de la Caja, ubicado en la calle Emilio Cavenecia 225, San Isidro. La primera página de la minuta presentada a continuación formaliza la compra-venta de la oficina de la CPMP en favor de Castillo Gálvez. El valor fijado para el inmueble fue US$ 79,420.
En el Perú era conocido que Vladimiro Montesinos manejaba los negocios de la Caja a través de Javier Revilla Palomino. Como amigo y compañero de escuela de Alberto Venero Garrido, hombre de confianza de Montesinos, Javier Revilla se encontraba totalmente identificado con la corrupción fujimorista. (Por su participación en las operaciones de la mafia de Montesinos, la Sala Anticorrupción ordenó la detención de Revilla Palomino en el penal de San Jorge, en Lima, donde se encuentra en la actualidad.)
2. El 24 de abril de 2002, mediante carta notarial que se publica más abajo, la nueva administración de la Caja de Pensiones Militar-Policial comunicó al congresista Castillo Gálvez que daba por resuelto de pleno derecho el contrato de compra-venta celebrado el 2 de diciembre de 1996. La razón aducida por la CPMP era el incumplimiento de Castillo Gálvez en el pago de treintidós armadas mensuales. El importe total de la arruga financiera ascendía a más de 35 mil dólares.
3. En el año 2000, al iniciar un nuevo período como parlamentario, Jorge Castillo Gálvez presentó en el congreso la declaración jurada de bienes y rentas cuya primera página aparece a continuación. En dicho documento, Castillo se describe como cultor de la pobreza franciscana y no declara diversos inmuebles de su propiedad, entre ellos la oficina cedida por Montesinos-Revilla en el edificio de Emilio Cavenecia. Al ocultar sus activos en la citada declaración jurada, Castillo Gálvez se convirtió en inculpado por perjurio.
4. El año 2001 del Castillo Gálvez volvió a presentar en el congreso la declaración jurada de bienes y rentas a la que están obligados los parlamentarios. En ella reafirmó no poseer bienes inmuebles, propios ni comunes, ni en el país, ni en el extranjero. De esta manera, del Castillo Gálvez persistió en incurrir en perjurio al ocultar la propiedad de activos obtenidos como consecuencia del uso de su influencia política.
Fuente: http://aprasi.tripod.com/
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